El derecho de acceso a la información pública resulta fundamental para garantizar la transparencia de las Administraciones públicas y, asimismo, constituye una herramienta especialmente útil para conocer los criterios seguidos por la Administración en supuestos de hecho similares.
A través de una solicitud de acceso a la información pública es posible obtener documentación relativa a licencias de actividad, licencias urbanísticas, expedientes administrativos, contratos públicos, subvenciones, convenios y demás actuaciones de las Administraciones, sin necesidad de justificar los motivos de la solicitud ni de haber intervenido en los expedientes o actuaciones a los que se refiere la información solicitada.
Sin embargo, el ejercicio de este derecho no siempre resulta sencillo. En numerosas ocasiones, la Administración deniega las solicitudes de información pública o no dicta resolución dentro del plazo legalmente previsto.
En este contexto, debe tenerse presente que tanto la denegación total o parcial de la solicitud como la falta de respuesta por parte de la Administración no suponen la pérdida definitiva del derecho de acceso a la información. Ante estas situaciones, el solicitante puede acudir a los mecanismos legalmente previstos para defender su derecho y obtener, en su caso, el acceso a la información solicitada.
En particular, frente a la denegación expresa o presunta del acceso a la información pública, puede interponerse una reclamación potestativa y gratuita ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Esta vía permite que, con carácter previo a la vía contencioso-administrativa, un órgano independiente examine la decisión de la Administración -o su falta de respuesta- y determine si procede reconocer el derecho del solicitante a acceder a la información requerida.
Resulta oportuno precisar que, cuando la solicitud haya sido denegada mediante resolución expresa, el plazo general para interponer la reclamación es de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación. En cambio, de conformidad con el criterio interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la reclamación no está sujeta a plazo cuando la solicitud haya sido desestimada por silencio administrativo.
En cuanto al ámbito territorial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es competente para resolver reclamaciones relativas a solicitudes dirigidas a la Administración General del Estado y su sector público, así como a determinadas Administraciones autonómicas y locales que han atribuido al Consejo el ejercicio de esta función. En las Islas Baleares, la competencia del Consejo comprende las reclamaciones relativas a solicitudes dirigidas a la Administración de la Comunidad Autónoma, los consejos insulares, los ayuntamientos y las entidades del sector público dependientes o vinculadas a dichas Administraciones.
No obstante, el derecho de acceso a la información pública no es absoluto, sino que está sujeto a determinados límites legales, entre los que se encuentran la protección de datos personales y la posible afectación a distintos intereses protegidos por la ley. En consecuencia, resulta esencial valorar en cada caso si la denegación del acceso está legalmente justificada y qué vías existen para cuestionarla.
En Araújo & Benetti ponemos a su disposición nuestra experiencia en materia de transparencia y acceso a la información pública y le ofrecemos asesoramiento jurídico especializado en la presentación de solicitudes de acceso y en la interposición de reclamaciones frente a la falta de respuesta de las Administraciones públicas o la denegación del acceso solicitado.
